El reconocido banco de inversión estadounidense Morgan Stanley ha tomado una decisión que ha generado considerable inquietud en los mercados: bajó su recomendación para invertir en México.
Esta medida se produce en un contexto marcado por la inminente aprobación de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo mexicano, una iniciativa que podría alterar el panorama de inversión en el país.
¿Qué implica la calificación "Underweight" para México?
Morgan Stanley anunció que ha reducido la calificación de México a "underweight" (subponderado), lo que indica una menor confianza en la capacidad de las inversiones mexicanas para generar rendimientos atractivos en el corto y mediano plazo.
Esta decisión, según el banco, se basa en los riesgos asociados a la propuesta de reforma judicial que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso mexicano.
"Bajamos la calificación de México a underweight tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso, la cual creemos presenta riesgos para la narrativa de inversión del país", explicó Morgan Stanley en un comunicado.
El cambio en la calificación de México ha tenido repercusiones inmediatas en la Bolsa Mexicana de Valores, afectando particularmente a las acciones de Walmart de México (Walmex), Fomento Económico Mexicano (Femsa) y Coca-Cola Femsa.
Morgan Stanley decidió reducir el peso de estas posiciones clave, reflejando la creciente cautela ante el entorno político y económico del país.
Además, el banco ha eliminado de sus recomendaciones de inversión a empresas como Kimberly Clark México, Laureate Education y Qualitas, destacando que estas compañías podrían verse particularmente afectadas por el entorno de mayor riesgo.
La preocupación central de Morgan Stanley se centra en que la reforma judicial, de ser aprobada, podría aumentar las primas de riesgo de México y limitar el gasto de capital.
En palabras del banco: "Esto es un problema porque el nearshoring está alcanzando cuellos de botella clave".
El nearshoring, una tendencia que ha beneficiado a México en los últimos años al atraer inversión extranjera directa para aprovechar su cercanía con Estados Unidos, podría enfrentar obstáculos adicionales si la percepción de riesgo en el país aumenta.
Voces de alerta: Fitch Ratings y la Reforma Judicial
Morgan Stanley no es la única institución que ha levantado la voz en torno a la reforma judicial. La agencia calificadora Fitch Ratings también ha expresado su preocupación.
En su informe titulado “La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Agenda, retos y oportunidades”, Fitch señala que las reformas podrían afectar negativamente la calidad institucional y los controles y contrapesos en México.
Fitch advierte que, si estas reformas se aprueban sin modificaciones y se implementan rápidamente, podrían deteriorar el perfil institucional del país, aunque aclara que aún es temprano para evaluar completamente su impacto potencial.
Relación entre inversiones y la Reforma Judicial en México
Las reformas judiciales tienen un impacto considerable en el ambiente de inversión de un país, ya que afectan directamente la seguridad jurídica y confianza de los inversores.
La seguridad jurídica se refiere a la certeza de que las leyes y regulaciones serán aplicadas de manera justa y predecible, lo cual es fundamental para atraer y mantener inversiones extranjeras y nacionales.
Seguridad jurídica y primas de riesgo
Un sistema judicial independiente y fuerte es clave para garantizar que las leyes se apliquen de manera imparcial, lo que protege a los inversionistas contra cambios arbitrarios en las reglas del juego.
Si una reforma judicial introduce cambios que podrían percibirse como una amenaza a esta independencia, los inversionistas podrían considerar que el riesgo de invertir en ese país aumenta.
Este mayor riesgo se traduce en primas de riesgo más altas, lo que significa que los inversionistas exigirán mayores rendimientos para compensar el mayor riesgo percibido, o podrían decidir retirar sus inversiones.
Impacto en decisiones de inversión
La percepción de un sistema judicial menos independiente puede llevar a los inversores a reconsiderar sus decisiones de inversión en el país. Por ejemplo, si una reforma judicial otorga mayor control al Ejecutivo sobre el Poder Judicial, podría surgir la preocupación de que las decisiones judiciales sean influenciadas por intereses políticos en lugar de basarse en la ley.
Esto afecta la confianza de los inversionistas, quienes podrían optar por reducir su exposición en el país, tal como lo hizo Morgan Stanley al bajar su recomendación para acciones de empresas mexicanas como Walmex, Femsa y Coca-Cola Femsa.
Nearshoring y reformas judiciales
En un contexto donde México está posicionado estratégicamente para beneficiarse del nearshoring (la relocalización de empresas hacia países más cercanos a su mercado principal, en este caso, Estados Unidos), cualquier señal de inestabilidad o inseguridad jurídica podría hacer que las empresas reconsideren sus planes de expansión o inversión en México.
La reforma judicial, si se percibe como un debilitamiento de las instituciones, podría limitar el flujo de capitales necesarios para que el nearshoring prospere.
Comentarios de Fitch Ratings
La calificadora Fitch Ratings ha advertido que la reforma judicial en México podría afectar negativamente la calidad institucional del país. Un sistema judicial percibido como menos independiente y más controlado por el poder político podría deteriorar los controles y contrapesos necesarios para un ambiente de inversión estable.
Esto aumenta la incertidumbre para los inversionistas, lo que puede llevar a un retiro de capitales o a una menor entrada de nuevas inversiones. El panorama económico de México enfrenta un momento importante que merece seguimiento puntual: la decisión de Morgan Stanley de bajar la calificación del país y ajustar su portafolio de inversiones refleja una creciente preocupación sobre el rumbo político y económico de la nación.
Así es como la relación entre la reforma judicial y las inversiones en México radica en cómo estos cambios pueden influir en la percepción de seguridad jurídica y estabilidad institucional. Los inversionistas buscan entornos donde sus derechos estén protegidos y las reglas sean claras. Cualquier reforma que ponga en duda estos principios fundamentales puede tener un impacto negativo en la confianza y, por ende, en las inversiones en el país.
