Las nuevas reformas a la Ley de Turismo en la Ciudad de México, publicadas recientemente en la Gaceta Oficial, establecen restricciones importantes para los inmuebles que ofrecen hospedaje a través de plataformas como Airbnb.
A partir de su entrada en vigor el viernes 4 de octubre, se fijará un límite del 50 por ciento en la ocupación de estos inmuebles. Esto significa que las propiedades utilizadas para hospedaje eventual no podrán ser ocupadas más de la mitad de las noches del año, lo que tiene implicaciones considerables tanto para los propietarios como para las plataformas tecnológicas.
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Estas reformas forman parte de un segundo paquete de medidas aprobado este año por la administración saliente de la Ciudad de México (Martí Batres), cuyo objetivo es regular de manera más estricta las aplicaciones de alojamiento turístico.
En abril de este mismo año, se emitieron reformas previas a la Ley de Turismo local, donde se establecieron diversas obligaciones fiscales, administrativas y operativas para las plataformas tecnológicas y los anfitriones.
Estas obligaciones incluyen el pago de impuestos, la necesidad de registrar las propiedades ante las autoridades locales y el cumplimiento de ciertos requisitos operativos para poder ofrecer inmuebles en alquiler temporal.
Con estas nuevas modificaciones, la renovación de los registros de las propiedades que se utilicen para hospedaje estará condicionada a que no se exceda el 50% de las noches disponibles en el año. Aquellos propietarios que deseen ofertar sus inmuebles por períodos más largos o un mayor número de propiedades deberán cumplir con lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.
Esta regulación busca limitar el uso excesivo de las plataformas de alquiler temporal y preservar el equilibrio en los mercados inmobiliarios locales, donde el aumento en la oferta de hospedaje turístico ha sido criticado por encarecer los precios de renta y desplazar a residentes locales.
Los anfitriones de Airbnb y otras plataformas similares también deberán cumplir con una serie de obligaciones fiscales. Las propiedades que se ofrezcan en renta deberán estar registradas ante las autoridades fiscales, y los ingresos generados por este tipo de hospedaje estarán sujetos al pago de impuestos.
Esto representa un esfuerzo por formalizar la actividad y evitar la evasión fiscal, un tema que ha sido motivo de preocupación en varias ciudades del mundo, donde los alquileres temporales han crecido de manera descontrolada.
La implementación de este tope del 50% en la ocupación de las propiedades ha generado reacciones mixtas. Por un lado, algunos propietarios de inmuebles han expresado su descontento, ya que consideran que estas medidas limitarán su capacidad para generar ingresos a través de plataformas de alquiler temporal.
En cambio, otros actores del sector turístico, como hoteles y operadores tradicionales, han aplaudido la regulación, argumentando que estas plataformas han generado una competencia desleal al no estar sujetas a las mismas normativas.
Este tipo de regulaciones no son exclusivas de la Ciudad de México. Otras ciudades del mundo, como Barcelona, Nueva York y Ámsterdam, han implementado restricciones similares para controlar el crecimiento del alquiler temporal y mitigar sus efectos sobre el mercado inmobiliario y el turismo local. Las autoridades capitalinas argumentan que la sobreoferta de hospedaje turístico a través de aplicaciones ha impactado de manera negativa el acceso a la vivienda para los residentes locales, por lo que estas medidas buscan equilibrar los intereses de todos los actores involucrados.
Las nuevas reformas a la Ley de Turismo en la Ciudad de México marcan un cambio importante en la regulación del hospedaje temporal: al imponer límites a la ocupación de las propiedades y establecer requisitos fiscales y administrativos más estrictos, las autoridades buscan garantizar una mayor equidad en el mercado inmobiliario y turístico de la capital.
Aunque estas medidas han sido bien recibidas por algunos sectores, los propietarios de inmuebles y las plataformas tecnológicas como Airbnb tendrán que adaptarse a un entorno normativo más controlado y limitado. La Ciudad de México sigue los pasos de otras ciudades que han implementado regulaciones similares, buscando un balance entre la innovación tecnológica y el bienestar de sus habitantes.