La reciente propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión el 5 de febrero destaca la creación de un innovador "" con un capital inicial de 64 mil 619 millones de pesos.

Esta iniciativa busca ofrecer una compensación a los trabajadores afectados por las reformas previas de 1997 y 2007, marcando un esfuerzo por revertir las condiciones adversas impuestas durante lo que el mandatario describe como el "periodo neoliberal".

El "Fondo Semilla", programado para establecerse el 1 de mayo de 2024, representa un pilar central en la estrategia de López Obrador para corregir las injusticias que, según él, han sufrido los .

Estas reformas previas han limitado la capacidad de los trabajadores para jubilarse con el 100 por ciento de su salario, una situación que el actual gobierno busca solucionar a través de esta reforma.

La fuente de financiamiento del "Fondo Semilla" proviene de una combinación de recursos federales, incluyendo un 75 por ciento proveniente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ingresos por la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y la venta de propiedades no desarrolladas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Además, se espera que adeudos de dependencias o entidades y la reasignación de recursos de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación contribuyan al fondo.

El objetivo de este fondo no es solo compensar a los trabajadores afectados por las reformas anteriores, sino también establecer un mecanismo sostenible para asegurar que los trabajadores de 65 años o más puedan jubilarse con un ingreso equivalente a su último salario.

Esta medida aplicaría tanto para los cotizantes del IMSS desde el 1 de julio de 1997 como para los del ISSSTE a partir de 2007, en caso de ser aprobada la reforma.

Este enfoque, dijo AMLO, reflejaría así un cambio en la política de pensiones en México, buscando corregir desequilibrios pasados y establecer un sistema de bienestar más justo y equitativo para los trabajadores. La iniciativa, sin embargo, debe ser aprobada por el Congreso para convertirse en ley, lo que implica un proceso de discusión y análisis que determinará su viabilidad y efectividad a largo plazo.


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