Este lunes 16 de octubre inició un parlamento abierto en la Cámara de Diputados, esto para discutir la reforma que busca una reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, y que había sido aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales desde abril de 2023, es decir, durante el pasado periodo ordinario de sesiones.
A este respecto, cabe recordar que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más se trabaja, con una media de 2 mil 137 horas al año frente al promedio de mil 730 en el resto de estas naciones, según datos del mismo organismo.
Y fue al principio de este nuevo periodo ordinario cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el PAN, decidió detener el dictamen y convocar al parlamento abierto. Según detalló Jorge Romero, presidente de este órgano colegiado, el objetivo es discutir aspectos técnicos para sacar adelante la reforma.
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Incluso descartó que se trate de una estrategia para su retraso u obstaculización. Por el contrario, afirmó que buscan "hacer un debate más técnico para poder llegar a un mejor producto", el cual está previsto para concluir a mediados de noviembre.
"Para que en esas fechas estemos llegando a esa conclusión y subirla al pleno", dijo.
Durante la mesa de negociación están interviniendo especialistas, abogados, representantes de empresas, académicos e incluso los mismos legisladores, a fin de obtener comentarios, propuestas y modificaciones para esta iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución.
Hasta el momento, varios representantes de la iniciativa privada han manifestado su preocupación respecto a esta iniciativa. Por ejemplo, Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó a los diputados a "no politizar la propuesta".
Además advirtió que, de aprobarse la reforma, sería necesario cubrir 105 millones de horas semanales mediante la contratación de 2.6 millones de personas con jornadas reducidas, lo cual consideró "imposible", y afirmó que tendría un impacto anual de 360 mil millones de pesos para las empresas.
De igual modo, Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que esta medida podría aumentar la informalidad laboral, así como reducir la recaudación de impuestos y cuotas de seguridad social.
Según explicó Barbosa, el aumento en los costos laborales también resultaría en una subida de precios y en presiones inflacionarias.
Por otro lado, la diputada Susana Prieto recordó que ella misma presentó esta propuesta y aseguró que las largas jornadas de trabajo provocan daños "a la salud, a la seguridad y al tejido social", además de afirmar que existe una deuda histórica con los trabajadores desde hace más de 70 años.
También legisladores como Benjamín Robles (PT) y Tereso Medina (PRI) expresaron su apoyo a la reforma, mientras que Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano, indicó que hay apoyo en su bancada, pero llamó a una aplicación gradual.
Este debate continuará en el parlamento abierto de la Cámara de Diputados, donde se espera que los diversos sectores sigan expresando sus opiniones y preocupaciones para encontrar un equilibrio entre justicia social e implicaciones económicas.